Entrevista a Antonio Salas, magistrado del Tribunal Supremo.

Entrevista a Antonio Salas Carceller, Magistrado de la Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo de España.

Natural de la Región de Murcia, el Sr. Salas se convirtió a comienzos de enero en centro de la atención mediática de nuestro país con motivo de una serie de tuits publicados en su perfil de esta red social. Debido a lo mucho que nos llamó la atención el gran impacto social que causaron sus comentarios en las redes sociales y distintos medios de comunicación, en Criminología y Sociedad hemos querido conocer de primera mano (y sin límite de espacio) su completa opinión acerca de este y otros asuntos, incluyendo algunos de índole criminológica. Algo que consideramos bastante necesario pues el origen de la polémica radica en un espacio en donde la comunicación se limita a 140 caracteres. Con esta base le planteamos las siguientes cuestiones:

 

Pregunta: En primer lugar, queríamos agradecerle el poder contar con usted una vez más. Algunos de los que formamos parte de la Asociación colaboramos en su momento en la organización de la mesa redonda sobre la Doctrina Parot en la que participó usted como ponente -evento celebrado en la Universidad de Murcia en diciembre de 2013-.

Para comenzar con esta entrevista y con la intención de poder conocer un poco más de usted y de una forma más cercana, ¿podría contarnos grosso modo cuál ha sido la trayectoria de su carrera profesional?

Respuesta: Cursé mi licenciatura en Derecho en la Universidad de Murcia, la que finalicé en el año 1974. Comencé a preparar las oposiciones y en el año 1977 ingresé en la Carrera Judicial. Desde entonces he servido en distintos juzgados, siempre en los órdenes jurisdiccionales civil y penal. Fui magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia durante trece años, presidiendo su Sección Cuarta. En el año 2002 fui nombrado presidente de dicha Audiencia y ocupé dicho cargo hasta que, en el año 2005, fui promovido a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo para ocupar plaza en su Sala Primera de lo Civil.

 


P.: Entrando ya en materia, ¿se esperaba que sus comentarios en una red social tuvieran tal repercusión? ¿Cree que actualmente hay en la sociedad una especie de “conformismo” con los titulares de las noticias debido al cual se evita entrar a valorar el fondo de la cuestión?

R.: Me vi sorprendido cuando comprobé que mis tuits eran reproducidos al siguiente día en un periódico digital junto con otros que, no sólo criticaban mi posición sobre el tema de la llamada “violencia de género” –siempre respetuosa con la víctima y dura respecto del autor-, sino que me faltaban abiertamente al respeto. Por supuesto, dicho periódico digital obvió la existencia de muchos mensajes de apoyo que recibí en la propia red. A continuación me hicieron una entrevista en La Sexta TV que considero iba orientada no a que expresara mi opinión sino a rebatirla duramente con descalificaciones de los periodistas presentes, que lógicamente hicieron cuando yo ya no tenía el micrófono a mi disposición.

 


P.: El suyo no es el primer caso en el que hemos podido comprobar cómo, ante el hecho de emitir una opinión, se obtiene una respuesta tan masiva y severa por parte de las redes sociales así como incluso de distintos medios de comunicación. ¿Cree que estamos llegando a una era en la que nadie puede expresarse libremente si no es para alabar la opinión “popular”?

R.: Así lo creo y la prueba está en lo que ha sucedido en mi caso. Yo admito perfectamente –no podría ser de otra manera- que se discrepe de mi opinión e incluso que se critique. Es bueno debatir. Al final cambiaremos o no nuestro modo de pensar sobre la materia de que se trate. Lo que no resulta admisible –y es contrario a la libertad de pensamiento y de expresión- es que se descalifique al disidente por el mero hecho de serlo. Las personas que así lo hacen denigran el sistema de libertades establecido en nuestras leyes. Seguramente estaban exigiendo la derogación de la que llaman “ley mordaza” para, al mismo tiempo, pretender callar a quien no sigue sus postulados.

 


P.: ¿Cómo respondería a las declaraciones y calificaciones que han realizado distintos partidos políticos acerca de sus comentarios?

R.: Los partidos políticos, como tales, no se han pronunciado. Ha sido alguno de sus miembros –incluso destacados- los que lo han hecho. Entiendo que lo que habrían de hacer es respetar la libertad de pensamiento y de opinión en lugar de defender sólo la suya. Si alguien entiende que yo he hecho un mal uso de esa libertad, tiene a su alcance la vía de la denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial, en lugar de reclamar su actuación “de oficio” sin precisar cuál es la infracción que entienden cometida por mí. Es lamentable.

 


P.: En un sentido semejante, la magistrada María Poza, planteó en el año 2005 una cuestión de inconstitucionalidad de la LO 1/2004 por ir, según su criterio, en contra de derechos como el de igualdad, presunción de inocencia o dignidad. ¿Cuál cree que es el motivo de que no tuviera la misma repercusión que han tenido sus palabras?

R.: Creo que habría rebasado todos los límites el que incluso se hubiera criticado a dicha magistrada por plantear una cuestión de inconstitucionalidad en uso de las facultades que la ley le reconoce a todo juez. Eso hubiera sido atentar contra su independencia en el ejercicio de sus funciones judiciales.

 


P.: El criterio general para valorar si se ha producido violencia de género en una agresión se suele limitar a comprobar, al margen de la valoración médica de las lesiones causadas, si existe o existió una relación afectiva entre la víctima y el agresor. La Audiencia de Murcia, sin embargo, incluye en su criterio valorar el componente machista de la agresión. ¿Cuál de estos dos criterios cree usted que es el más acertado?

R.: El criterio de la propia ley entiendo que es el segundo. El problema está en que se establece un elemento subjetivo en el delito que ni siquiera figura en el artículo 153 del Código Penal, sino que hay que buscarlo en la exposición de motivos de la ley que dio redacción a esa norma. La exposición de motivos debe dar criterios de interpretación, pero no integrar el tipo para justificar el diferente tratamiento penal de la misma conducta según el sexo del sujeto activo y del pasivo.

 


P.: ¿Qué le parece la posibilidad de someter a dictamen criminológico la presencia de este factor machista en una agresión para condenar por delito de violencia de género en lugar de otros tipos penales como un delito de maltrato en el ámbito doméstico?

R.: Sin duda podría ser interesante. Hay veces en que el propio contexto en que se produce la agresión puede revelar una conducta de carácter machista; pero, cuando no es así, no debe presumirse ninguna circunstancia que perjudique al reo.

 


P.: Como magistrado del Tribunal Supremo, ¿ha compartido usted experiencia laboral con algún criminólogo? ¿Es frecuente ver criminólogos -que no criminalistas- por el Tribunal Supremo y otras altas esferas de la judicatura española?

R.: En el Tribunal Supremo no conozco de temas penales, pues mi trabajo lo desempeño en la Sala Primera, que conoce de asuntos civiles y mercantiles. En cualquier caso, el Tribunal Supremo es un tribunal de casación y la intervención de criminólogos u otros profesionales que puedan prestarnos ayuda en nuestra función es más propia de la instrucción penal.

 


P.: La mediación familiar, la colaboración con el Mº Fiscal, la elaboración de informes criminológicos para abogados e incluso la realización de dictámenes criminológicos forenses acerca de las víctimas y agresores son algunos aspectos en los que muchos consideran que el criminólogo debe estar presente. Algo nada común a día de hoy. ¿Qué papel considera usted que debe corresponder a la criminología en relación a la Administración de Justicia?

R.: El papel de la Criminología en relación con la jurisdicción penal entiendo que es muy importante en el aspecto de la punición de los delitos y también en la prevención.

 


P.: ¿Qué opina de la dureza de las penas en nuestro país? ¿Considera que se hace un uso abusivo de la privativa de libertad frente a otras más orientadas al beneficio de la comunidad y la reinserción?

R.: En realidad las penas privativas de libertad han de estar orientadas a la reinserción del condenado. Otra cosa es que, en la práctica, se consiga. Los jueces no somos legisladores. Nos limitamos a interpretar y aplicar las normas. La política legislativa es la que debe determinar qué penas se deben establecer para determinados delitos y cuál debe ser su naturaleza en relación con la infracción penal cometida.

 


P.: Y ya para concluir: ¿aprecia una mayor falta de tolerancia y educación en la sociedad o considera que simplemente están más visibles hoy en día?

R.: Así es. En los últimos días he repetido que en los años de la transición democrática –a partir del año 1976- hubo una especie de acuerdo tácito para que –con todas las dificultades que se vivieron- se impusiera un respeto de las libertades no sólo por el Gobierno sino también por la propia sociedad civil. Sin embargo creo que en la actualidad hemos sufrido un retroceso pues determinadas tendencias únicamente reconocen su libertad de hacer, incluso perjudicando la libertad de los demás. Es muy grave, a mi entender, que se utilice el desorden público para conseguir finalidades políticas. Creo muy triste para la democracia que pueda pretenderse coaccionar a nuestros representantes en el parlamento cuando están en el ejercicio de su función. Como también considero muy grave que a las propias puertas del Tribunal Supremo se organicen concentraciones con mensajes que pretenden influir en las decisiones judiciales.

 

 

Hasta aquí la entrevista con el magistrado. Queremos agradecer nuevamente desde Criminología y Sociedad la disposición mostrada en todo momento por el Sr. Salas por atendernos. Un placer.


  • Fotografía: Martínez Bueso, La Verdad.
  • Entrevista: Asociación CyS

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